Fachada del Palacio de los Tribunales de Justicia en Santiago de Chile
Foto: Palacio de los Tribunales de Justicia, en Santiago de Chile, julio de 2017, foto de archivo. Felipe Restrepo Acosta / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 (via https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2017_Santiago_de_Chile_-_Edificio_de_los_Tribunales_de_Justicia.jpg)

Rebajas de condena en Chile: una ley y dos lecturas

Decretos del Gobierno de Kast rebajaron la condena a 56 condenados por delitos sexuales contra menores. La Corte Suprema y la oposición responden.

¿Qué ley se aplica: la que regía cuando se cometió el delito o la que rige cuando se pide el beneficio?

France 24 recoge esa pregunta abierta. Está debajo de lo que Chile discute desde el 21 de octubre sobre las rebajas de condena que firmó el Gobierno de José Antonio Kast.

Ese día, el medio digital Interferencia reveló que entre marzo y septiembre de 2026 el Ministerio de Justicia dictó decretos que rebajaron la condena a 56 personas. Todas estaban condenadas por delitos sexuales contra menores de edad: 27 por abuso sexual y 29 por violación. France 24 suma a dos condenados por torturas en la dictadura de Augusto Pinochet.

Detrás de esas cifras hay víctimas.

La rebaja de condena viene de la ley 19.856, de 2003. Es un trámite administrativo: una Comisión de Reducción de Condenas revisa la conducta del condenado y el Ministerio de Justicia firma el decreto que acorta la pena. La Comisión la preside un ministro de Corte de Apelaciones, explica France 24, aunque, precisa el medio, ninguno de sus integrantes actúa ahí como parte del Poder Judicial.

En 2022, la ley 21.421 excluyó del beneficio, de forma expresa, a quienes cometieron delitos sexuales contra menores.

De 57 solicitudes de este tipo, solo una fue rechazada. Interferencia describe tres revisiones en el camino: la Comisión, la Secretaría Regional Ministerial y la División de Reinserción Social. Ninguna aplicó la ley de 2022, dice France 24, que añade que la mayoría de los beneficiados ya está en libertad.

Quién firmó y con qué criterio

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, dijo que ninguno de los casos era posterior al 9 de febrero de 2022. El Gobierno sostiene que eran anteriores a la entrada en vigor de la reforma. Rabat agregó que el Ministerio se guio por criterios de la Corte Suprema en recursos de amparo, citados en los propios decretos, y reconoció que ninguno de los condenados acudió a los tribunales.

Anunció la "suspensión de la tramitación de los decretos de rebaja de condena" y proyectos de ley para que estos beneficios no se sigan otorgando a condenados antes de 2022.

El vocero del Gobierno, Gonzalo Arenas, habló el viernes 23 de octubre, recoge La Tercera. "Aunque no nos guste este tipo de decretos, somos un gobierno que cumple la ley, que cumple la Constitución", dijo. Mostró un decreto firmado por Jaime Gajardo, ministro del gobierno de Gabriel Boric, y otro de Rabat, y afirmó que el resultado es "exactamente el mismo". Admitió que "los procedimientos siempre se pueden hacer mejor" y aseguró que Rabat "cuenta con toda la confianza del Presidente de la República".

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, respondió que "fue el ministro de Justicia quien dictó los decretos, conforme a las facultades legales que tiene". Los criterios del tribunal, explicó, se refieren a "casos concretos". Si nadie recurre de amparo contra lo que decide la Comisión, los tribunales no pueden pronunciarse.

El Partido Socialista pidió la "inmediata revisión e invalidación" de los decretos que contravengan la ley, y legisladores de la Democracia Cristiana abrieron la posibilidad de un juicio político contra Rabat. El Partido Comunista exigió su renuncia y pidió "informar a cada una de las víctimas y a sus familias", en una declaración que publica La Tercera. Para el PC, los gobiernos de Boric y de Sebastián Piñera rechazaban estas solicitudes.

Lo mismo sostiene el exministro Álvaro Elizalde, que como senador apoyó la ley de 2022. Recordó en otra nota de La Tercera que el entonces ministro Hernán Larraín la daba por aplicable a toda solicitud posterior a su publicación, "independientemente de la fecha de la comisión del delito o de la sentencia condenatoria".

La ley es una sola y las lecturas son varias. El Gobierno dice que la reforma de 2022 no alcanzaba estos casos. Para la oposición, sí los alcanzaba. Y Chevesich recuerda que, sin un recurso de amparo, a la Corte no le toca resolverlo. Zanjarlo no me toca a mí.

En Nehemías 8, un pueblo entero pide que le lean la ley y que alguien se la explique. ¿Y las reglas que acordamos en casa para cuidar a los niños, si nadie vuelve a decirlas en voz alta?

Una plaza que escuchó desde el alba

Nehemías 8 ocurre después del exilio, con la muralla de Jerusalén ya reconstruida (Nehemías 6:15). El pueblo se reunió "como un solo hombre" en una plaza de la ciudad y le pidió al maestro Esdras que trajera el libro de la Ley (Nehemías 8:1, NVI).